- La LGBTQfobia institucional se mantiene hasta el último día de la administración de Mauricio Vila en Yucatán.
- Desde junio del 2023 el Gobierno de Vila Dosal ha solicitado cinco prórrogas para dar cumplimiento a la sentencia, y al mismo tiempo se ha declarado dos veces en imposibilidad jurídica para hacerlo.
Pese a existir una orden judicial emitida el 13 de junio de 2023 por la Jueza Quinta de Distrito –derivada del juicio de amparo 226/2023 presentado por el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTF Yucatán) en conjunto con AMICUS DH A.C.–, que le ordena al titular del Poder Ejecutivo Estatal, Mauricio Vila, y al Congreso del Estado a incluir dentro del paquete fiscal una partida presupuestal suficiente para crear políticas públicas integrales para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán, la administración de Mauricio Vila llega a su fin ignorando e invisibilizando esta deuda histórica con la población LGBTQ+ de la entidad.
“A pesar de sus esfuerzos por presentarse como un gobernador de vanguardia que impulsó el turismo y la inversión en Yucatán, Vila será recordado como un indiferente a los derechos humanos, represor de protestas y cobarde ante la ciudadanía, temeroso de rendir cuentas.” expresó Alex Orué, integrante del Colectivo PTF Yucatán.
En fechas 10 de julio, 1 y 21 de agosto, 20 de septiembre, y 11 de octubre del 2023 el Gobierno estatal solicitó prórrogas para dar cumplimiento a la sentencia que había causado ejecutoria. El resultado final: Mauricio Vila dijo que ya se había asignado presupuesto público para un programa de capacitación en la materia. Ante ello, el Tribunal Colegiado en materias Administrativa y del Trabajo determinó que la sentencia estaba siendo incumplida, pues dicho programa no atendía de ninguna manera a los derechos protegidos por la sentencia. Así, la Jueza le volvió a requerir en múltiples ocasiones para que diera cumplimiento y frente a ello, se limitó a presentar un escrito el 9 de julio del 2024 para indicar que no estaba de acuerdo porque, según su parecer, sí había dado cumplimiento y además, adujo imposibilidad jurídica para cumplir.
“Es indignante que se pretenda reparar la violencia estructural que padecemos con un programa de capacitación a trabajadores de gobierno, cuando en el estado de Yucatán las personas de la diversidad sexual necesitamos urgentemente políticas públicas integrales, servicios de salud públicos especializados; de salud mental, atención a personas trans, etcétera. Yucatán podría tener, al igual que la Ciudad de México, una clínica especializada. También se requiere de otras políticas públicas específicas, como por ejemplo contra el bullying que se sufre todos los días en las aulas.” Subrayó Juan Cueva de la Coordinación de Litigio de AMICUS DH, A.C.
La violencia institucional y la invisibilización de la población LGBTQ+ ha sido tal estos seis años, que en Yucatán no existen datos oficiales sobre las necesidades específicas y las violencias que enfrentan las personas LGBTQ+. Como primer paso, es imprescindible que el gobierno estatal realice un estudio amplio y riguroso, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para el reconocimiento de derechos y atienden a poblaciones LGBTQ+ en Yucatán, para diagnosticar de manera eficiente e integral las necesidades más urgentes de los grupos más vulnerables dentro de la población LGBTQ+ yucateca.
“Según el INEGI (ENDISEG 2021) la población LGBTQ+ en Yucatán es al menos tan grande como los municipios de Valladolid y Progreso juntos; sin embargo, en los seis años de la administración de Mauricio Vila no se destinó ni un solo peso a la creación de políticas públicas que atiendan, protejan y restituyan nuestros derechos humanos como población históricamente vulnerada. Confiamos en que la nueva administración de Joaquín Díaz Mena atenderá con sensibilidad esta deuda histórica y cumplirá con prontitud la sentencia que está por heredar de su predecesor.” Declaró César Briceño miembro del Colectivo PTF Yucatán.
Ambas organizaciones reiteran la exigencia de que se cumpla plenamente con el amparo otorgado, con el fin de asegurar la promoción, el respeto, la garantía y protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en Yucatán, quienes debido a la violencia estructural que padecen, requieren de esfuerzos especiales a su favor para lograr una igualdad sustantiva e insistieron en que sin un presupuesto asignado no se pueden implementar de manera realista y efectiva políticas públicas. Cabe recalcar que la sentencia todavía no se ha declarado cumplida, ante lo cual la siguiente administración estatal deberá hacerlo y las organizaciones están en disposición de lograr justicia basada en la colaboración y el entendimiento mutuo.
