En la Península de Yucatán, el impacto de diversos megaproyectos es evidente. Desde la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) se dieron cuenta, no solo de la cantidad y repercusiones de estos, sino también de la presencia militar que muchos están trayendo consigo con empresas militares como el Tren Maya; por ello, decidieron crear la iniciativa “¿A qué vinieron?”, a través de la cual, además de hacer la pregunta evidente, también visibilizan las implicaciones en la vida cotidiana y en los derechos humanos.
“Buscamos entender a qué vinieron los militares, por qué pusieron megaproyectos que además fueron considerados como prioritarios o estratégicos a cargo de las instituciones militares en la etapa de construcción y de empresas militares en la etapa de administración y operación”.
Suhayla Bazbaz Curi, fundadora y directora general de CCIS
Desde la organización, Suhayla Bazbaz Curi, señala que esta iniciativa hasta ahora se conforma de dos etapas. En la primera, realizada desde abril de 2025, identificaron que en la península estaba ocurriendo un fenómeno particular, distinto a la militarización que se daba en el resto del país; a lo que ocurre le han puesto nombre: proceso corporativización, integración e irrupción militar.
Corporativización militar
En esta, explica, refieren la creación de empresas militares, donde el Estado es el socio mayoritario. Estas empresas se encuentran agrupadas en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y operan como agentes económicos en varios sectores del país.
Integración militar
Con esta, continúa, hablan de la estrategia que utilizan dichas empresas –en consorcios o grupos– para enlazar los eslabones de la cadena de valor o suministro. Desde su perspectiva esto significa “controlar las distintas etapas de una actividad, de un bien, de un producto, para ampliar su poder de mercado”.
Irrupción militar
Este último, dice, indica la forma en que los militares llegan a quedarse en los territorios. Ocupan los espacios donde instalan los megaproyectos y actúan en ellos.
Como parte de esa primera etapa del proyecto, además de nombrar lo que está ocurriendo en la península con este tipo de proyectos, también identificaron impactos como: expropiación de terrenos, el establecimiento de instalaciones militares y campamentos base, así como la presencia de elementos militares, tanto de tropa como altos mandos, medios y fuerzas especiales.
Entre los daños que documentaron, detectaron explotación a elementos de la naturaleza e implicaciones que su actuación tiene en las personas que habitaban esos territorios desde antes de que ellos llegaran. Sus registros indican que las afectaciones son para la población en general, pero con mayor impacto en las mujeres –incremento de la violencia de género, casos de violación, referencias a trata de explotación sexual comercial, entre otros–, personas defensoras, infancias, jóvenes e integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
Bazbaz Curi explicó que este proyecto surgió como parte del trabajo de la organización en la Península de Yucatán, en especialmente en reconocimiento al derecho a la participación informada en decisiones de megaproyectos de las mujeres, juventudes, integrantes de pueblos originarios y afromexicanos, personas con discapacidad. Pero, sobre todo, como respuesta a la presencia de elementos militares.
Durante la segunda etapa que lanzaron este mes de octubre, visibilizan que el proceso de corporativización, integración e irrupción militar continúa y se está expandiendo. Antes abarcaba un par de municipios, en un par de estados; ahora lo identifican en 82 municipios, en 24 estados. Esto significa que se encuentra en el 75 por ciento del país.
La investigación de CCIS, indica –como puede observarse en el mapa– que la extensión no ha sido únicamente geográfica, sino que también han incrementado en qué sectores operan. Empezaron con trenes y aeropuertos, pero ahora ya operan hoteles, museos, parques. Actualmente manejan 12 aeropuertos, cuatro parques, cinco estaciones de servicio, y 13 estaciones de combustibles. Y advierte que están involucrados en otros sectores como la extracción de material pétreo, bancos de datos, generación de energía eléctrica.
Bazbaz Curi apunta que de las cuatro empresas militares que existen –Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca (GAFSACOMM, mejor conocida como Grupo Mundo Maya), Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Aerolínea del Estado Mexicano (AEM)–, tres tienen solicitudes de registros de marca. Entre las 342 solicitudes que han realizado esas tres empresas, dan cuenta de los productos y servicios en los que tienen interés; además de los rubros que ya se mencionaron, identifican servicios financieros, inmobiliarios, entre otros bienes y servicios.
¿Por qué las empresas militares van al alza?
Gracias a la documentación que realizó CCIS detectaron que estas empresas militares cuentan con ocho privilegios que permiten su sostenibilidad.
- Proyección y posicionamiento
- Excepción en trámites o normas
- Predilección, pleitesía y legitimación
- Incumplimiento de normas por omisión y permisividad de autoridades
- Restricción y “trajes a la medida”
- Apoyos en dinero o especie
- Alianzas, coopetición y sinergias
- Presión o coerción
En particular, desde CCIS advierten sobre el poder que tienen estas empresas para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes utilizan el miedo, la vigilancia y el castigo como medidas par regular las conductas de sus clientes, así como para disuadir la protesta, forzar el desplazamiento, facilitar la ocupación y la explotación de los territorios.
“La expansión y la continuidad (de estas empresas) no serían posibles sin este conjunto de ventajas y privilegios que les están dando a las empresas militares”
¿Cuál es el problema con su expansión?
¿A qué vinieron?, gracias a observación directa de enero de 2023 a agosto de 2026, corrobora consecuencias negativas en las economías y los territorios. Aunque el discurso oficial ha sido que estas empresas buscan convertirse en un motor para el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, en la realidad, la organización advierte que la promesa no se cumple y que en varios casos ha ocurrido lo contrario, se han debilitado el desarrollo y la competitividad.
Suhayla señala que el consumo local ha disminuido, debido a las ventajas que tienen las empresas militares, pues en el territorio se traducen en modificaciones en tarifas y precios, barreras de entrada. Además, los costos de vida han incrementado: vivienda, alimentación.
Apunta que en Campeche, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó más de 15 por ciento desde que concentra varias unidades de negocio de las empresas militares (hoteles, el aeropuerto, el tren, el tren ligero…).
“Ponemos el foco en la violencia institucional que se está manifestando en las distintas unidades de negocio y en las megaproyectos que están a cargo de las empresas militares. Y por último, el debilitamiento de la dinámica comunitaria”.
Declara que los megaproyectos suelen actuar contra derechos, sin embargo, en el caso de los megaproyectos liderados por empresas militares esto se ha intensificado, pues, para empezar, no se consultó a las comunidades para llevar a cabo las actividades en sus territorios.
Por todo esto, tienen exigencias claras
La exigencia central para Suhayla es eliminar el privilegio militar, lo cual significa detener y revertir el proceso de corporativización, integración e irrupción militar.
Pero las exigencias, no son solo de Suhayla y tampoco se dirigen únicamente a las autoridades, sino a todos los elementos que han permitido esa expansión, involucrando a empresas, instituciones financieras, universidades y cooperantes internacionales. La exigencia es clara: dejen de posibilitar, detengan y eviten la continuidad y expansión del proceso de corporativización, integración e irrupción militar.
“Necesitamos que las instituciones militares dejen de conformar empresas militares que actúan como agentes económicos, que además no compiten y que tampoco permiten que se compita en contra de ellas”.
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