Desde 2015 hasta 2022, Pemex ha reportado en sus informes de sustentabilidad un total de 5.999 eventos como fugas y derrames, pero casi no ha sido penalizado por ellos.
Por Patricia Ramírez
Era octubre de 2014. El río Cazones amaneció pintado de colores verdes, azules y lilas. La causa fue un derrame proveniente de la ruptura de un oleoducto operado por Petróleos Mexicanos (Pemex). La contaminación alcanzó a Poza Rica, una ciudad petrolera del norte de Veracruz, y a sus municipios aledaños Coatzintla, Tihuatlán y Cazones.
La intensidad del olor a combustible ocasionó dolores de cabeza, vómitos y mareos en pobladores de Coatzintla, donde se originó el siniestro. La Protección Civil Municipal tuvo que evacuar a alrededor de 150 personas a un centro social, mientras las autoridades hacían los recorridos para la evaluación de los daños.
Seis meses después, en 2015, comenzaría a operar la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA). Su surgimiento fue parte de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012 – 2018). Su propósito: monitorear la seguridad industrial del sector de hidrocarburos para garantizar la protección ambiental. Una labor que hasta ese momento había realizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Fue en medio de los debates sobre el futuro de la industria de los energéticos y la llegada de una nueva institución que se dio el derrame en el río Cazones. Pero la historia no resultó una novedad, pues ya había pasado antes y siguió ocurriendo los años siguientes.
El problema de la extracción histórica de petróleo y gas en estados del sureste mexicano como Veracruz, Tabasco y Campeche, es que las fugas y derrames que genera la industria de hidrocarburos han ocurrido por miles. Mientras mecanismos para su regulación como las sanciones que han puesto ASEA y Profepa apenas pueden contarse en la última década.
Los que viven en el campo
“Sorprende ver el nivel de contaminación en el que viven los habitantes y que para ellos poco a poco se ha vuelto normal”
Alejandra Jiménez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), una red de colectivos y comunidades que surgió en 2015.
La Huasteca y la Totonaca son dos regiones ubicadas al norte de Veracruz cuyos límites alcanzan a estados vecinos como Puebla y San Luis Potosí. En su paisaje hay bosques tropicales, esteros, lagunas y ríos. Se cosecha maíz, café, tabaco y caña de azúcar. En municipios como Papantla destaca la siembra de vainilla, una especie endémica cultivada desde tiempos prehispánicos.
Actualmente están las comunidades indígenas de nahuas, otomíes, tepehuas y huastecos. Estos últimos se autodenominan teenek, que significa “los que viven en el campo con su idioma, sangre y comparten la idea”.
Jiménez impulsó CORASON en esta región para seguir de cerca la extracción mediante fracking, también llamada fracturación hidráulica, una técnica para conseguir petróleo y gas. El monitoreo llevó a la identificación de otros desastres ambientales que ya estaban allí desde tiempo atrás.
La Huasteca-Totonacapan es una zona petrolera desde antes de la Revolución Mexicana. En el estado de Veracruz se descubrieron los primeros mantos petrolíferos en 1898, durante la construcción del ferrocarril de Tehuantepec. Además, la colindancia con el Golfo de México, donde también se han explotado yacimientos, permitió el desarrolló de la industria y modificó las dinámicas de la región. Hay ciudades que basaron su economía en los hidrocarburos.
“Está muy claro con el municipio de Poza Rica. Su historia está totalmente ligada al petróleo. Esto de repente hace que la gente esté naturalizada a la extracción, a las problemáticas”, sostiene Jiménez.
Los reportes que recibe CORASON sobre estos siniestros no cesan: una explosión de una línea de gas a finales de enero, una fuga de un gasoducto a principios de año, y varios más desde diciembre.
“Estamos hablando de que en esta región hay impactos por la industria desde (antes de) los años 40 y que a lo largo del tiempo generaron un acumulado de daños. No terminamos de ver claridad de respuesta, no sólo de Pemex, sino de las diferentes instancias responsables de atender el tema del derecho humano a un medio ambiente sano”.
Derrames y fugas sin sanciones
En todo el mundo la industria petrolera tiene reportes por impacto al medio ambiente y la salud. Uno de los ámbitos más documentados es las emisiones a la atmósfera. En 2020 un grupo de investigadores publicó en la revista científica Nature que los gases emitidos por combustibles fósiles son entre un 25% y 40% mayores de lo que anteriormente se había estimado. Lo que representa una mayor contribución al calentamiento global.
En México, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, la ASEA, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las facultades para emitir la regulación y la normatividad en materia de seguridad industrial, priorizando la protección al ambiente.
Ante cualquier afectación, en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos que rige a la ASEA, se especifica que este organismo podrá sancionar económicamente a los regulados ante cualquier afectación al medio ambiente. Al igual que suspender o revocar las licencias, autorizaciones, permisos y registros.
Sin embargo, eso no ha evitado que durante los últimos años Veracruz y Tabasco concentren el 60% de los derrames y fugas, de acuerdo con cifras oficiales entregadas vía solicitud de transparencia que van de 2018 a 2022. Mientras que en un panorama nacional, desde 2015 hasta 2022, Pemex ha reportado en sus informes de sustentabilidad un total de 5.999 eventos.
La ASEA sólo tiene registro de haber realizado 14 sanciones entre 2015 y 2018, de acuerdo con solicitudes de información realizadas para este reportaje. En otras palabras, durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han emitido sanciones económicas vinculadas a derrames y fugas.
Por su parte, la Profepa entregó un registro de 636 sanciones en un periodo que va desde 2010 hasta febrero de 2015, el último mes de su función antes de que la Agencia comenzara sus labores.
Para esta publicación se contactó a Pemex y la ASEA para conocer sus posturas al respecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
La información reservada
“Entre 2015 y 2016 hubo mejores investigaciones conducidas por la ASEA, pero probablemente muchos especialistas podrían coincidir que no hay una contundente forma de decir que la ASEA está haciendo un mejor trabajo que Profepa a la hora de supervisar a Pemex”
David Rosales, socio director de la consultora Elevation Ideas y anteriormente trabajador de dependencias como Pemex y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Respecto a las 14 sanciones que reportó la ASEA desde sus diversas direcciones de vigilancia, 9 están declaradas como “información reservada” por cinco años de acuerdo con las resoluciones 157/2022 y 457/2023. Por este motivo, sólo se entregó el nombre del expediente, pero no los detalles como lugar afectado, tipo de sanción o instancia de Pemex involucrada.
Por su parte, los otros 5 registros que sí se desglosaron fueron por multas que van de los 200 mil pesos a los 6 millones de pesos mexicanos (entre 11.700 y 350 mil dólares). De ellos, cuatro son de Pemex Exploración que, como su nombre lo indica, es la instancia encargada de actividades de exploración, desarrollo de pozos y producción de hidrocarburos.
Los expertos en materia energética entrevistados para este reportaje coinciden en que Pemex acostumbra a reservar la información y que no existen los elementos suficientes para entender el porqué. De hecho, en el último sexenio empresas como Pemex y megaproyectos del gobierno federal como el Tren Maya han reservado información bajo el argumento de “seguridad nacional”. El objetivo, según las autoridades, es proteger los intereses de la nación en temas que se consideran pueden llevar a algún riesgo.
“El propio Petróleos Mexicanos tiene una serie de estructuras internas desde hace muchos años para identificar y hacer públicas las modificaciones o los temas ambientales, pero no hemos tenido todavía un mecanismo suficientemente transparente que lo administre y de ahí que las solicitudes de transparencia suelen ser infructuosas”.
David Rosales, socio director de la consultora Elevation Ideas y anteriormente trabajador de dependencias como Pemex y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
A esto se suma que es complicado entender cuáles son los criterios que la ASEA considera para sancionar a las empresas en el ámbito de hidrocarburos. En una revisión de reglamentos y leyes en esta materia, en el artículo 26 de la Ley de la Agencia se indica que para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, considerando principalmente los daños que se hubieran producido a los bienes o a la salud de las personas, o la afectación del medio ambiente y los recursos naturales.
Al desglose se unen otras variantes que determinarán la sanción como las condiciones económicas del infractor; la reincidencia, si la hubiere; el carácter intencional o negligente; y el beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos relacionados con la imposición de sanciones.
“El criterio es totalmente discrecional”, dice Miriam Grunstein, académica no asociada del Centro México del Instituto James Baker de la Universidad de Rice. Agrega que para Pemex es mejor ahorrarse la sanción pues el financiamiento que utiliza y con el cual podría saldar su deuda es dinero público.
Rosales coincide en que el dinero público es un factor y ocurre comúnmente en otros países con instituciones similares. “No es sólo un asunto del caso mexicano… Todos los países sufren a la hora de querer regular a sus empresas públicas porque no les conviene ver una bolsa y ver la otra. Es decir, sabes que cualquier multa que le vayas a cargar a tus empresas públicas acaba también siendo pagado por el mismo país. Es por eso que los reguladores deben de ser independientes para que no exista esta presión política a la hora de tomar decisiones”, señala.
Sin embargo, especialistas discrepan en si existen o no preferencias en la regulación que está teniendo Pemex, aunque es un hecho que la empresa ha sido respaldada por el presidente López Obrador al impulsar proyectos como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Lo anterior también ha generado debates sobre cuál está siendo el destino del presupuesto federal.
“No es que Pemex quiera o no reducir emisiones, no es que sea el malo del cuento, sino simplemente no le dan el presupuesto para obtener la tecnología necesaria para minimizar sus emisiones”, sentencia Grunstein.
Presupuesto y contaminación
Al norte de la Huasteca Veracruzana, desde las aguas del Golfo de México, corre el río Pánuco. La tilapia, carpa, acamaya y róbalo son algunas de sus especies pesqueras que han servido como sustento económico para comunidades de la región.
Además, el agua del Pánuco beneficia a varias entidades como San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México y Tamaulipas. Sin embargo, su cercanía a la refinería Francisco I. Madero, así como la infraestructura operada por Pemex en los municipios cercanos, tiene a esta región bajo constantes incidentes por hidrocarburos.
Académicos de la Universidad Veracruzana (UV) han señalado que todos los ríos que atraviesan el estado tienen contaminantes provenientes de una diversidad de industrias como la petroquímica, agroquímicos, fertilizantes, textiles, ingenios azucareros y farmacéuticas.
En el caso de los ríos Tuxpan y Coatzacoalcos, la actividad petrolera es la principal causa por fugas y derrames que se atribuyen a problemas con la infraestructura. Esto sin contar aquellas que ocurren por actos de robo de combustible, comúnmente conocido como huachicol.
“Hay regiones donde existen instalaciones que tienen alrededor de 60 o 70 años, algunas de ellas siguen operando sin haber tenido suficiente mantenimiento”, explica Jiménez.
Durante la entrevista, la integrante de CORASON desglosa ejemplos de afectaciones en los municipios y sus localidades: suelos contaminados en Papantla, pozos y arroyos dañados en El Remolino y Emiliano Zapata, fugas reiterativas en Poza Rica y contaminación del aire en Coatzintla. Y esto sólo contando el norte de Veracruz.
“Hay fugas que simplemente va el personal de Pemex al recoger los desechos, pero ya lo hacen como una práctica rutinaria, no como un incidente”, dice Jiménez.
En el Presupuesto Federal de Egresos (PEF) asignado para 2024, Pemex recibió para este año un poco más de 481.464.000.000 de pesos (28.207.000.000 USD). Sin embargo, sólo un 4.8% del total está destinado a mantenimiento de infraestructura, mientras que los proyectos de infraestructura económica -que incluye la explotación de pozos, la construcción de plataformas y el trabajo en campos productivos- reciben el 51.6%.
“Hay una relación directamente proporcional entre los derrames de petróleo y la falta de mantenimiento”, agrega Grunstein.
Por su parte, el presupuesto de la ASEA también ha ido a la baja. Desde que inició operaciones y hasta el fin del sexenio de Peña Nieto, de 2016 a 2018, tuvo un total de más 1.628 millones de pesos (más de 95 millones USD). Mientras que, proporcionalmente, durante los últimos tres años del sexenio del presidente López Obrador, entre 2021 a 2024, se le asignó un total de apenas 1.001 millones (más de 58 millones USD).
Contra un gigante
“La percepción es que Pemex es intocable… porque de entrada hay un imaginario cultural en México de que le debemos más (a la empresa) de lo que nos va a dar”
Alejandra Jiménez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON), una red de colectivos y comunidades que surgió en 2015
De acuerdo con los Informes de Sustentabilidad de Pemex, las contribuciones de la empresa del Estado hacia las comunidades suelen consistir en la entrega de mobiliario escolar nuevo a planteles educativos de distintos niveles; la construcción de comedores comunitarios y canchas deportivas; las consultas médicas generales y gratuitas en Unidades Móviles; así como la pavimentación de algunos caminos.
Estas medidas comienzan a ser insuficientes al lado de las demandas de pescadores por la contaminación del río Pánuco o campesinos con sembradíos afectados en Papantla.
“Un tema pendiente es la contaminación porque no se ha logrado obtener investigaciones al respecto, pero sí observamos que hay una incidencia importante de casos de cáncer, de enfermedades en la piel, de enfermedades como asma y otras enfermedades respiratorias que podríamos estar asociando a las actividades de hidrocarburos”, explica Jiménez.
Como parte de las posibles soluciones, la integrante de CORASON insiste en que es necesario que las leyes se cumplan y que las diferentes instancias de gobierno, como la Secretaría de Medio Ambiente y la ASEA, “generen programas que realmente puedan atender el tema de la reparación de los daños, así como generar políticas de no repetición”.
Por su parte, Rosales plantea la necesidad de que se cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas vinculadas a la industria petroquímica. En el caso de Pemex, utilizar parte del presupuesto para mejorar la gestión de los proyectos ya existentes y saldar las deudas.
“No me parece que dependa del partido que gane en las siguientes elecciones presidenciales. Yo creo que es importante ir dotando a la ASEA de dientes, que es como se dice en la jerga de los estudios regulatorios, y darle elementos de sanción propios que funcionen, que le hagan ser cada vez más adecuados. Porque la empresa no está logrando cumplir con sus objetivos y cada vez están ocurriendo más problemas”, concluye.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
