La comunidad de personas con discapacidad permanente en Yucatán enfrenta una situación preocupante: la negativa de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal para recibir solicitudes de inscripción al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad Permanente.
Desde la sede de la Secretaría del Bienestar en Yucatán han negado la recepción de documentos y peticiones de personas pertenecientes a grupos prioritarios, como niños, niñas y adolescentes; personas de pueblos originarios o afrodescendientes; o personas en situación de pobreza; así lo dio a conocer Kanan Derechos Humanos a través de un comunicado.
Las razones esgrimidas por los servidores públicos, desde “estamos en campañas electorales” hasta la afirmación de que “esta pensión no es un derecho”, han dejado a muchos en un limbo legal y emocional.
La organización Kanan Derechos Humanos ha verificado esta problemática y recuerda que el artículo 4 de la Constitución Mexicana establece claramente que “El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley”.
Aunque el Acuerdo publicado el 29 de diciembre de 2023 establece que la Pensión puede solicitarse en cualquier momento durante el ejercicio fiscal vigente, se ha encontrado resistencia injustificada para inscribir a nuevos beneficiarios. La falta de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal agrava aún más la situación, impidiendo la garantía de una pensión universal para todas las personas con discapacidad permanente en Yucatán.
Ante este panorama, desde Kanan Derechos Humanos exigen a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal y su representación en Yucatán que no obstaculicen el proceso de inscripción al Programa y que respeten el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente. Asimismo, piden al Gobierno del Estado de Yucatán a firmar el convenio de colaboración necesario para asegurar la pensión universal a todxs los ciudadanxs que la necesiten.
Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de enfrentarse a situaciones similares, se pongan en contacto con el equipo de Kanan Derechos Humanos para recibir la asesoría legal adecuada y hacer valer sus derechos ante las autoridades. En un estado de derecho, nadie debería ser privado de un derecho constitucional básico por motivos políticos o burocráticos.
