Por Lorena González-Boscó
Los tiempos electorales conllevan al abandono de los cargos públicos, sean estos producto de la elección popular o por encargo, se sale de ellos para buscar la elección o reelección por parte del partido donde han encajado y se deja el trabajo confiado a un encargado de despacho u gobernante interinx, pero la/le/el candidatx debiera ser consciente que adquiere una deuda ciudadana en aras de seguir en el sistema.
¿Por qué es una deuda ciudadana? Porque al abandonar cada cargo público, lxs candidatxs dejan a su paso obras de infraestructura o servicios que corren el riesgo de ser abandonados por la nueva gestión, de forma tal que no sólo quedan boquetes en los presupuestos públicos, también parques, escuelas u hospitales a medio construir o con falta de mantenimiento.
Y es que esto llega a ocurrir incluso cuando no hay una licencia de por medio. Un claro ejemplo fue el Hospital de Ticul que, tras la administración de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que en ese entonces representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la obra fue cancelada por Rolando Zapata Bello, a pesar de que eran del mismo partido. Esta apenas fue retomada en los últimos años, más de 10 años depués de que se inició.
Pensar que se va regular esta situación desde el Poder Legislativo o el INE, donde se prohibiera abandonar los cargos sin haber concluido el encargo, sería tanto como ser un pueblo responsable con su democracia.
Los ciudadanos votamos por períodos completos, no parciales. Sino imagine usted que un cuarto de voto se lo podamos dar otro partido, como eso no puede ser así para los ciudadanos, tampoco debe ser de gobernantes que al hacer esta práctica ciertamente no les importa, pero se quedan con una deuda ciudadana y los ciudadanos aguantando el fraude electoral de los elegidos.
*Esta nota fue entregada (y recibida) con mucho amor, sueño con que algún día este trabajo no solo será agradecido, sino también remunerado y ustedes serán aliadxs.
