Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, tiraron gas y chorros de agua a presión a las mujeres que se manifestaron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (#8M). Sin embargo, ellas persistieron y alzaron la voz para exigir el respeto a sus derechos.
Las miles de participantes se congregaron en el Parque de la Mejorada, punto del cual partieron poco después de las 17 horas. Entre batucadas, banderas y pancartas, gritaron consignas para exigir el respeto y garantía de sus derechos, así como justicia para las víctimas de violencia de género. Marcharon contingentes de mujeres con discapacidad, madres e infancias, familiares de víctimas de violencia feminicida, entre otros.
Un tramo de la caminata se mantuvo en silencio, en un acto simbólico por la defensa del territorio y contra la gentrificación.
“Levantamos nuestras voces para visibilizar las violencias que enfrentamos como mujeres, defensoras de la tierra y guardianas de la vida. En este territorio ancestral, donde los pueblos mayas han resistido durante siglos y continúan haciéndolo, hoy nos enfrentamos a nuevas formas de despojo y opresión: la gentrificación, los megaproyectos y la explotación de nuestros recursos naturales. Nos manifestamos contra estas injusticias y en solidaridad con las luchas de las mujeres indígenas y las comunidades que defienden sus territorios”, expresaron.
Posteriormente el gigantesco contingente se enfiló hacia la Plaza Grande, donde concluiría la protesta. Sin embargo, se encontraron con unas vallas que bloqueaban el acceso desde la Calle 60. Por ello, las asistentes dieron la vuelta e ingresaron por la Calle 62, para toparse con que el Palacio de Gobierno y la Catedral también estaban fuertemente resguardados por un cerco metálico y una multitud de policías.
Cuando algunas asistentes tomaron el megáfono para compartir sus testimonios de violencia, otras se organizaron para intentar derribar las vallas. Una mujer logró escalar el cerco y entonces los uniformados lanzaron un chorro de agua a presión para sacarla. Aunque la joven descendió, los policías continuaron agrediendo a todo el contingente, lanzando tanto chorros de agua como gas, provocando problemas respiratorios en las asistentes y dañando el equipo de fotoperiodistas que se encontraban laborando en el lugar.
Sin embargo, las asistentes persistieron: continuaron cantando consignas e intervinieron las vallas metálicas con frases de exigencia de justicia y denuncias públicas de violencia de género. También comenzaron a incendiar carteles, a lo cual los uniformados reaccionaron tirando cubetas de agua y activando extintores, los cuales rociaban directamente en la cara de las manifestantes.
Posteriormente el contingente se movió al Ayuntamiento de Mérida, donde descolgaron una bandera feminista a la cual le prendieron fuego. También intervinieron las paredes.
Hacia las 22 horas, el Gobierno del Estado negó la represión: a través de un comunicado, la autoridad aseguró que el objetivo del operativo implementado durante la manifestación era “proteger tanto a las participantes como a los ciudadanos en general”, y que la prioridad de las fuerzas de seguridad “siempre ha sido la contención sin represión”. También lamentó que “algunas acciones derivaran en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”. El Ayuntamiento de Mérida informó que la Policía Estatal Investigadora (PEI), detuvo a dos personas, supuestamente por haber dañado una puerta de cristal en el Palacio Municipal, hechos por los cuales la comuna presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY), informó que inició una queja de oficio por los hechos, ya que, como indica el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU):
“si bien pueden producirse ciertos actos de violencia en el contexto de una manifestación, esta circunstancia no convierte a la misma en violenta, ni autoriza la acción policial indiscriminada contra la misma”.
