Desde noviembre de 2023, el Instituto Federal de Defensoria Pública (IFDP) ha representado legalmente a la niñez y habitantes de Santa María Chi, Yucatán, quienes buscan frenar los impactos ambientales negativos generados por la operación de la “Granja Porcícola Santa María”. Esta instalación, gestionada por las empresas “Pecuaria Peninsular”, “Chumoxil” y “Grupo Porcícola San Gerardo”, ha sido señalada por la comunidad debido a la contaminación del agua y los ecosistemas locales, así como por afectaciones a la salud de sus habitantes.
Las acciones legales impulsadas por el IFDP incluyen demandas de amparo contra diversas autoridades federales, como SEMARNAT, PROFEPA Y CONAGUA; autoridades locales, entre ellas el Gobierno del Estado de Yucatán y la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como instancias municipales, incluyendo las alcaldias de Mérida y Tixkokob. Estas demandas buscan detener el funcionamiento de la granja y reparar los daños ambientales denunciados.
A raíz de las protestas organizadas por el Subcomisario de Santa María Chí, Wilberth Alfonso Náhuat Puc, la empresa “Pecuaria Peninsular” respondió con una denuncia penal contra el representante de la comunidad, acusándolo de despojo de inmueble y privación ilegal de la libertad por actos de protesta ocurridos el 14 de mayo de 2023. Esta denuncia es un acto de criminalización hacia quienes defienden su derecho a un medio ambiente sano, recurso garantizado en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte.
En este sentido, el IFDP condena enérgicamente este uso indebido de la justicia penal para intimidar y disuadir a quienes ejercen el derecho a la protesta social y la defensa de los derechos ambientales. La criminalización de defensores ambientales representa una grave amenaza para la justicia ambiental en el país, especialmente en un contexto en el que los derechos a la vida, la salud y un ambiente sano están en riesgo.
Hay que señalar que las autoridades del Estado mexicano están obligadas, en el marco de sus competencias, a proteger el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en materia ambiental. Esta obligación se sustenta en el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que compromete a los Estados a garantizar un entorno seguro para defensores de los derechos humanos y ambientales. Este acuerdo establece el derecho a la vida, la integridad, la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica como derechos fundamentales para el trabajo de defensa ambiental.
Este caso en Santa María Chi representa un llamado a fortalecer la protección de las personas defensoras del medio ambiente, y destaca la urgencia de actuar frente a la crisis de criminalización que enfrentan las comunidades en todo el país en su lucha por el medio ambiente.
Cabe mencionar que el Centro de Justicia Oral de Mérida ya notificó a Náhuat Puc para convocarle a la audiencia inicial en la cual se formulará la imputación por la acusación asentada en la carpeta de investigación P1-P1/22/2024, en esta primera audiencia se haría de su conocimiento de qué se le acusa. Diversas organizaciones y activistas se han pronunciado en su defensa, así como contra la criminzaliación que se está ejerciendo por la defensa del territorio que encabeza; la audiencia fue convocada para este 7 de noviembre, y aunque fue pospuesta para el 12 de diciembre, el proceso continúa.
