Hay contradicciones que no necesitan demasiada explicación. Basta colocarlas frente a frente.
Por un lado, el Estado mexicano habla de fortalecer los derechos de las audiencias, de proteger a la ciudadanía frente a la manipulación, de exigir responsabilidad a los medios, de distinguir con claridad entre información y opinión. Por el otro, desde el poder se exhiben nombres, rostros y medios señalados como parte de un ecosistema que amplifica mensajes contrarios al gobierno.
Y entonces algo no termina de cuadrar.
Porque una cosa es proteger a las audiencias y otra muy distinta pretender conducirlas de la mano para decirles quién merece confianza y quién debe ser mirado con sospecha.
Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica de la Presidencia ha rechazado que la exposición presentada recientemente constituya una “lista negra”. Formalmente puede tener razón. No había un documento con ese título ni una orden expresa de censura. Lo que se presentó fue un esquema sobre la circulación y amplificación de mensajes críticos al gobierno.
Pero las palabras oficiales no siempre alcanzan para borrar los significados políticos.
Cuando desde una plataforma gubernamental se colocan nombres de periodistas, medios, analistas y opositores dentro de una narrativa sobre ataques, campañas o amplificación digital, el mensaje inevitablemente rebasa la explicación técnica. Es difícil mirar ese ejercicio y no escuchar, aunque nadie lo diga de manera explícita: Ellos son los que están en contra.
Los gobiernos tienen derecho a defenderse. Tienen derecho a responder una acusación, aclarar un dato falso, desmontar una mentira o denunciar una operación coordinada de desinformación. Lo que resulta mucho más delicado es que el propio poder termine construyendo el mapa de quienes considera responsables de incomodarlo.
Porque el poder no es un ciudadano más en la conversación pública. Tiene micrófonos, presupuesto, instituciones, conferencias, voceros, canales oficiales y una capacidad de amplificación que ningún periodista posee por sí solo. Por eso cuando el poder señala, el señalamiento pesa.
No es lo mismo que un columnista critique al gobierno a que el gobierno coloque al columnista en una pantalla. No es lo mismo.
Y no deberíamos fingir que lo es.
La discusión resulta todavía más inquietante porque ocurre justo cuando México vuelve a hablar de los derechos de las audiencias. En principio, se trata de una idea necesaria. Las audiencias tienen derecho a saber cuándo alguien informa y cuándo opina. Tienen derecho a identificar publicidad encubierta, exigir rectificaciones, recibir contenidos accesibles y contar con mecanismos para inconformarse frente a los medios. Ninguno de esos derechos debería incomodarnos.
El problema aparece cuando el Estado que pretende proteger a las audiencias comienza también a colocarse como intérprete de aquello que las audiencias deberían desconfiar. Entonces la protección empieza a parecerse demasiado a la tutela. Y la tutela, cuando se aplica a personas adultas, suele tener una peligrosa vocación paternalista. Como si el público no pudiera mirar, escuchar, comparar, dudar y decidir por sí. Como si alguien tuviera que explicarle previamente dónde se encuentra la verdad.
Pero la democracia no consiste en que el gobierno nos entregue una lista de voces confiables. Consiste precisamente en que podamos escuchar incluso aquellas voces que al gobierno le resultan irritantes.
Aquí tampoco vale idealizar al periodismo. Los medios se equivocan. Los periodistas tienen intereses. Existen sesgos, exageraciones, titulares tramposos, campañas disfrazadas de información y opiniones que se presentan con una solemnidad que no merecen. Todo eso debe criticarse. El periodismo no necesita impunidad. Necesita libertad y responsabilidad.
Pero hay una diferencia esencial entre exigirle responsabilidad a la prensa y construir desde el Estado una narrativa sobre quiénes son los críticos del proyecto político en turno. En una democracia el gobernante no puede convertirse simultáneamente en jugador, árbitro y comentarista del partido. Mucho menos decidir quién está atacando a su equipo.
Esa es quizá la pregunta verdaderamente incómoda detrás de todo este debate: ¿quién protege a las audiencias del propio gobierno?
Si los medios deben separar información de opinión, ¿quién exige esa misma separación a los canales oficiales? Si un periodista debe transparentar sus intereses, ¿qué ocurre con la comunicación política financiada con recursos públicos? Si una autoridad puede exhibir una mentira periodística, ¿quién exhibe una mentira gubernamental?
El derecho de las audiencias pierde sentido si solamente se piensa como una defensa frente a los medios. Las audiencias también necesitan protección frente a la propaganda, la manipulación política y el abuso institucional. Y precisamente por eso cualquier regulación de la comunicación debe construirse con enormes contrapesos. No basta preguntarnos si confiamos en quienes gobiernan hoy.
Una pregunta muy útil es: ¿aceptaríamos las mismas facultades si mañana fueran utilizadas por un gobierno que detestamos? Ese es un examen democrático, porque las instituciones no se diseñan suponiendo que siempre gobernarán personas prudentes. Se diseñan para limitar a quienes algún día podrían no serlo.
Un gobierno fuerte no necesita periodistas dóciles. Necesita instituciones capaces de soportar periodistas incómodos. Incluso injustos. Incluso estridentes. Incluso abiertamente hostiles. Esa incomodidad forma parte del precio del poder.
Gobernar no significa recibir un trato justo de todos. Significa aceptar que todos tienen derecho a cuestionarte.
Por eso resulta tan contradictorio hablar de derechos de las audiencias mientras desde el poder se elaboran mapas de quienes producen o amplifican discursos críticos. Tal vez no exista una “lista negra” en sentido formal, pero en política las formas importan tanto como los documentos.
Y pocas imágenes son tan poderosas como la del gobierno señalando públicamente a quienes hablan contra él. La democracia necesita medios responsables. Pero necesita todavía más gobernantes capaces de resistir la crítica sin convertirla en categoría política.
El derecho de las audiencias no consiste en que alguien nos diga a quién creer, consiste en garantizar suficientes voces, suficiente información y suficiente libertad para que podamos decidirlo nosotros mismos.
De lo contrario, habremos cambiado una cosa por otra. Ya no estaremos protegiendo a las audiencias. Estaremos administrando su desconfianza.
