Faltan de condiciones dignas de trabajo, aseguran
Profesorxs de la Universidad Intercultural de Campeche (UICAM) denuncian que, desde la inauguración del plantel en 2022, han enfrentado de manera recurrente diversas formas de violencia laboral, además de la falta de prestaciones y condiciones que consideran necesarias para ejercer su trabajo dignamente.
Quienes forman parte de la comunidad docente explican que, al tratarse de una institución de reciente creación, inicialmente comprendían que habría dificultades propias del proceso de consolidación de la universidad, como la falta de prestaciones o la ausencia de incrementos salariales. Lo que esperaban, sin embargo, era que estas condiciones fueran temporales y que, con el paso del tiempo, sus derechos laborales fueran garantizados.
“Pero también entiendes que al ser una escuela de gobierno tendrías que tener, al menos, seguro social”,
dijo unx de lxs profesorxs afectadxs.
Eso no ha ocurrido hasta ahora.
De acuerdo con el personal consultado, durante estos años las respuestas institucionales se han mantenido bajo la promesa de que las prestaciones llegarían posteriormente. Mientras tanto, las condiciones laborales no solo permanecieron sin resolverse, sino que comenzaron a acumularse nuevos conflictos.
Aunque algunas de las situaciones más recientes se relacionan con la gestión de la rectora actual, lxs docentes enfatizan que la problemática no comenzó con su llegada. Por el contrario, señalan que distintas administraciones han reproducido prácticas que consideran contrarias a los derechos laborales y a los propios principios con los que fue creada la universidad.
Un problema que se arrastra desde la creación de la universidad
Para el profesorado, la diferencia entre una administración y otra no significa que la problemática haya desaparecido. Relatan que durante la gestión anterior también enfrentaron conflictos y episodios que consideraban injustos, pero mantenían la expectativa de que el cambio de autoridades pudiera representar una oportunidad para mejorar las condiciones.
Lamentan que eso no sucedió.
Con la administración actual, aseguran, se han presentado nuevos casos que volvieron a poner sobre la mesa problemas que, desde su perspectiva, llevan años sin resolverse: ausencia o insuficiencia de prestaciones, falta de aumentos salariales, modificaciones en las condiciones laborales, presiones para presentar renuncias, decisiones administrativas poco transparentes y situaciones que consideran formas de hostigamiento e intimidación.
Por ello, más que señalar únicamente a una persona o administración, el profesorado identifica un problema de carácter institucional y sistemático.
Un caso que evidenció la falta de protocolos
Uno de los casos que actualmente preocupa al personal docente involucra a un profesor que fue víctima de un proceso de extorsión y que denunció los hechos ante las autoridades correspondientes. El docente contaba con evidencias relacionadas con su denuncia. Sin embargo, cuando la situación llegó al ámbito universitario, lxs docentes señalan que la institución no contaba con protocolos adecuados para atenderla y que el manejo del caso terminó afectando al propio profesor.
Desde su perspectiva, personal administrativo habría utilizado la situación como una forma de represalia relacionada con las exigencias que previamente había realizado para que se respetaran sus derechos laborales.
Aunque el origen del caso fue una denuncia por extorsión contra el docente, posteriormente se presentó ante la universidad una acusación anónima en su contra que, según el afectado, contenía información falsa. La situación terminó afectándolo física, emocional y económicamente.
“Si quieres salir por la puerta de enfrente es fácil, dame tu renuncia y ya te vas”.
le dijeron cuando intentó defenderse
Para el profesorado, este caso no puede entenderse únicamente como un conflicto individual. Lo consideran un ejemplo de cómo la ausencia de protocolos y mecanismos institucionales para atender situaciones complejas puede terminar colocando a la persona afectada en una posición todavía más vulnerable.
Trabajo comunitario sin pago
Los conflictos laborales también alcanzan a profesorxs comunitarixs, quienes señalan que se les han solicitado traducciones y otras tareas que consideran ajenas a sus funciones, sin recibir una remuneración adicional.
La situación les preocupa particularmente por tratarse de una universidad que forma estudiantes en la licenciatura en Lengua y Cultura Maya.
“¿Qué clase de educación le estamos dando a los estudiantes si les enseñamos a regalar su trabajo?”,
cuestionó un docente.
Como respuesta, señalan, se les han ofrecido horas libres a cambio de realizar estas actividades.
Para el profesorado, el problema trasciende el pago de una tarea específica: se trata también del mensaje que una institución intercultural transmite cuando el conocimiento y el trabajo de quienes aportan desde las lenguas y culturas originarias no reciben un reconocimiento laboral correspondiente.
Cuando trabajar también implica poner en riesgo la salud
Otro docente sufrió un ataque epiléptico, una situación que —de acuerdo con su testimonio— nunca había experimentado y que él relaciona con el nivel de estrés que atravesaba dentro de la institución.
El episodio puso en riesgo su salud y, ante la falta de seguridad social, tuvo que recurrir a atención médica particular, generando gastos que la universidad cubrió, pero solicitándole emitir una factura como si se tratara del pago por un servicio que él hubiera prestado a la institución.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una de las demandas que el profesorado señala desde la creación de la universidad: contar con seguridad social y prestaciones laborales que permitan ejercer su trabajo sin que una emergencia médica pueda convertirse también en una crisis económica.
Nepotismo y desigualdad en las cargas de trabajo
El personal docente también señala la existencia de posibles prácticas de nepotismo dentro de la institución. De acuerdo con sus testimonios, personas cercanas a integrantes de la dirección reciben beneficios, incluso cuando —afirman— no cuentan con los perfiles que corresponderían para determinadas funciones.
Mientras algunxs docentes tienen hasta 30 horas frente a grupo, además de actividades de investigación y otras responsabilidades, señalan que otrxs cuentan únicamente con 10 horas frente a grupo. Estas diferencias, consideran, generan condiciones laborales desiguales dentro de una misma institución.
También denuncian violencia de género
Las problemáticas que enfrenta la comunidad universitaria tampoco se limitan al personal docente. De acuerdo con los testimonios recabados, algunas situaciones de violencia también han alcanzado al alumnado.
Una estudiante fue víctima de violencia física y, según docentes consultadxs, la respuesta institucional inicial consistió en expulsarla a ella, mientras que el estudiante señalado como su agresor permaneció en la universidad. Después de que integrantes de la comunidad intervinieran, la estudiante logró regresar al plantel. Sin embargo, señalan que continúa teniendo miedo; mientras que el estudiante señalado finalmente se dio de baja por cuenta propia.
A esto se suman señalamientos relacionados con el llamado “buzón morado”. Alumnas habrían utilizado este mecanismo para comunicar situaciones de violencia que experimentaban dentro de la institución; sin embargo, docentes aseguran que algunas estudiantes percibieron que la información que entregaban no permanecía confidencial y que, en algunos casos, era divulgada por la dirección.
Para quienes denuncian estas situaciones, esto representa un problema particularmente grave: los mecanismos creados para denunciar violencia deberían ofrecer condiciones de seguridad y confidencialidad, no convertirse en una fuente adicional de exposición.
Señalamientos de acoso que tampoco habrían sido atendidos
Otro caso señalado por docentes involucra a un estudiante que fue acusado públicamente en redes sociales de (presunta) pedofilia. De acuerdo con los testimonios recabados, antes de que el señalamiento escalara públicamente ya existían reportes internos relacionados con comportamientos que consideraban de riesgo hacia sus compañeras.
Entre las situaciones mencionadas se encuentra la toma de fotografías a estudiantes sin su consentimiento, además de otros comportamientos que docentes identificaron como formas de acoso.
Una problemática que no comenzó con la actual rectora
Frente a todos estos casos, el personal docente de la UICAM hace una precisión que consideran fundamental: las problemáticas que hoy denuncian no comenzaron con la actual rectora.
Los testimonios recogidos apuntan a una serie de conflictos que, aseguran, se han repetido desde los primeros años de la institución y que han atravesado distintas administraciones.
Entre ellos mencionan denuncias de acoso y hostigamiento laboral; situaciones que podrían constituir violencia de género; señalamientos de discriminación y racismo; ausencia o insuficiencia de prestaciones; salarios que, afirman, no han tenido incrementos durante más de tres años; presiones para presentar renuncias; modificaciones de las condiciones laborales y distintas medidas administrativas que perciben como mecanismos de control o coerción.
También señalan que la historia institucional ha estado atravesada por la incorporación de actores provenientes de estructuras políticas locales, conflictos laborales recurrentes y decisiones administrativas que consideran poco transparentes.
Por ello, insisten en que cambiar de administración no ha significado resolver las condiciones que originaron sus inconformidades.
“¿Cómo una universidad creada formalmente para promover la interculturalidad, la cultura de paz, la perspectiva de género, la justicia social y la dignificación de los pueblos terminó reproduciendo en su interior prácticas que contradicen esos mismos principios?”,
cuestionan.
La pregunta resume una de las principales preocupaciones del profesorado: que una institución creada bajo principios de interculturalidad, justicia social y perspectiva de género termine reproduciendo, en sus propias relaciones laborales y comunitarias, dinámicas que entran en contradicción con esos objetivos.
No es un caso aislado
Las denuncias de la comunidad docente de la UICAM ocurren además en un contexto más amplio. Otras personas vinculadas con instituciones universitarias, que solicitaron mantener su identidad bajo anonimato, también han señalado condiciones laborales similares, como la falta de prestaciones establecidas por ley.
Entre los testimonios recogidos aparecen además señalamientos de LGBTfobia contra unx docente y situaciones relacionadas con discursos religiosos dentro de espacios educativos, que consideran contrarios al carácter laico de la educación.
Estos testimonios no permiten afirmar que todas las instituciones universitarias atraviesen las mismas problemáticas. Sin embargo, sí muestran que la precarización laboral, la discriminación y las distintas formas de violencia dentro de espacios educativos requieren ser observadas como posibles problemas estructurales y no únicamente como conflictos individuales entre personas.
