El camino para la aprobación de este derecho por la autonomía reproductiva en Yucatán se ha caracterizado por la obstaculización al punto de haber desechado una iniciativa por la despenalización del aborto en la legislatura pasada. Pero este 9 de abril de 2025, finalmente el derecho fue aprobado.
Entre consignas feministas en favor de la legalización y la oposición pidiendo que no se aprobara este derecho, al interior del recinto legislativo aprobaron la interrupción del embarazo, a través del Código Penal de Yucatán; sin embargo, no fue aprobada la propuesta a nivel constitucional, esto significa que el primer Artículo continúa señalando la protección de la vida desde la concepción. Esto último a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró que es anticonstitucional.
Te ccontamos el recorrido hasta el día de hoy
Nuestro punto de partida para hablar del recorrido que ha atravesado este derecho será el 15 de diciembre de 2021, cuando la entonces diputada Alejandra Novelo Segura, representando a la fracción legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entregó la iniciativa que supuestamente despenalizaría el aborto en el Estado.
A pesar de que esta iniciativa fue entregada en los primeros meses de trabajo de la LXIII (63) Legislatura en el Congreso, esta finalizó en agosto del 2024 y nunca llegaron a realizar la votación correspondiente.
Es así como la legislatura actual –la LXIV (64)– recibe no una, sino dos iniciativas para abordar el tema que, cabe recordar, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo, por lo que todos los estados deberían actualizar su legislación tomando en cuenta dicha declaratoria.
Una iniciativa fue entregada por la diputada Larissa Acosta Escalante, del partido Movimiento Ciudadano; la otra, fue presentada por la diputada Clara Rosales Montiel, de Morena.
En el caso de la iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, contempló en el Código Penal la tipificación de los abortos forzados, implementando penas por obligar a alguien a abortar; asimismo, pidió la derogación de los artículos que consideraban delito que las mujeres voluntariamente interrumpieran su embarazo. Esta también consideró temas de planificación familiar, entre ellos, diversidad de métodos anticonceptivos de forma gratuita otorgados por el Estado.
Por su parte, la iniciativa de la diputada Clara Rosales también contempló en el Código Penal la tipificación de los abortos forzados y la derogación de los artículos que criminalizan la interrupción del embarazo; pero además consideró modificaciones a la Ley de Salud el Estado de Yucatán, que aborda temáticas sobre la objeción de conciencia, así como el embarazo, parto, puerperio y otras etapas incluyendo la niñez y la adolescencia; asimismo, aborda la salud sexual y reproductiva (y no reproductiva) que, entre otros temas, involucra aborto y métodos anticonceptivos.
Mientras todo esto ocurría en el Congreso…
Activistas mantuvieron una lucha constante, no solamente exigiendo la despenalización, sino también atendiendo una situación de salud pública que el Estado se ha negado a reconocer abiertamente.
Desde hace ya varios años, la asociación civil Igualdad Sustantiva Yucatán (ISY) ha realizado la labor de difundir acerca del programa de aborto seguro que ofrece el Hospital General Agustín O’Horán, en la Clínica de la Mujer; tarea que ni el propio nosocomio realizó de forma abierta.
A su vez, feministas tomaron posicionamiento conforme ocurrían acciones en el Congreso; entre ellas, estuvieron los señalamientos por la falta de parlamento abierto para la iniciativa que presentó Morena en 2021, pues la exdiputada Alejandra Novelo al iniciar la administración aseguró que convocaría a las activistas y la sociedad civil para hablar del tema.
Entre muchas manifestaciones, concentraciones, consignas y, por supuesto, muchísimos años de lucha… Una de las acciones más recientes que han realizado activistas fue reactivar la Marea Verde Yucatán una colectiva feminista Interseccional que promueve el aborto libre, autónomo y los derechos sexuales y reproductivos.
En la presentación de la reactivación de esta colectiva, las activistas dieron a conocer que su objetivo es informar a la sociedad yucateca acerca de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, autonomía corporal y el derecho a decidir.
“En Yucatán la violencia que envuelve a esta iniciativa es importante porque solo en 2022 se registraron 118 nacimientos de entre 10 y 14 años en Yucatán”,
advirtió Camila Escalante, de Marea Verde Yucatán.
Subrayan que la falta de acceso a información, pero también la obstaculización para la interrupción del embarazo, son factores que han llevado a niñas a maternar; pues también lamentaron que el Estado es el segundo lugar en abuso sexual infantil en México.
Kelly Ramírez Alpuche, representante de ISY y parte de Marea Verde Yucatán, reconoció que son las organizaciones y activistas las que han sostenido las necesidades de las mujeres y personas gestantes en temas de autonomía reproductiva, no solamente mediante la interrupción de embarazo –con perspectiva de género–, sino también brindando barreras de protección como el condón femenino y otros insumos, así como información.
“Es muy importante que contrarrestamos esos discursos de odio y desinformativos que han estado realizando los grupos antiderechos”.
Kelly Ramírez Alpuche, representante de ISY
También las activistas levantaron la voz para informar acerca de las semanas de gestación para la interrupción del embarazo, la abogada Andrea Tamayo informó que limitar hasta las 12 semanas muchas veces vulnera a mujeres y personas gestantes, especialmente de municipios del interior del Estado, quienes no cuentan con los servicios para interrumpir el embarazo al alcance y pueden llegar “tarde” para realizar el procedimiento a los hospitales de Mérida.
Además, también señaló que en ocasiones las mujeres o personas gestantes no se enteran de su embarazo antes de las 12 semanas.
Un breve vistazo hacia atrás, bastante tiempo atrás
Con información de Aborto Yucatán, una investigación de las periodistas Lilia Balam y Katia Rejón, de 1871 a 1938 hubo un avance en el Código Penal de Yucatán, pasando de la penalización del aborto si la embarazada no cumplía con tres criterios –no tener mala fama, que lograra ocultar su embarazo y que el embarazo fuera producto de una unión ilegítima– a contar con cinco causales por las cuales este no era sancionable.
Sin embargo, más adelante en el tiempo, los avances se fueron para atrás; en 2009, en Yucatán se vivió un retroceso, ya que implementaron al primer artículo de la Constitución Política del Estado de Yucatán el siguiente texto:
“El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán”.
Y tuvieron que pasar nueve años más para que el tema fuera hablado de nueva cuenta en el Congreso del Estado, en 2018, únicamente por una solicitud de activación de la alerta de violencia de género en el Estado, que permitió que añadieran la causal para no sancionar la interrupción del embarazo si era producto de una inseminación artificial no consentida.
En ese mismo año, derogaron la causal atenuante “aborto honoris-causa”, que imponía penas menores a las mujeres que no tuvieran “mala fama”, que hubieran logrado ocultar el embarazo y cuando este hubiera sido producto fuera del matrimonio.
La interrupción del embarazo volvió a aparecer en el Congreso del Estado con la iniciativa que presentó la exdiputada Alejandra Novelo Segura hasta 2021.
