Sin luz y sin agua: la historia de los paneles solares inservibles en Sotuta
En octubre de 2019, en la calle 26 de Sotuta comenzó la instalación de paneles solares que, según información oficial, estaban destinados a alimentar con energía limpia dos plantas de bombeo de agua potable del municipio… y casi seis años después, estos continúan sin funcionar; estos paneles, según vecinos oriundos de la zona, fueron colocados sin ningún tipo de consulta o información sobre los mismos hacia la gente de la comunidad. Algunas personas incluso afirmaron no conocer para qué los habían instalado.
No conforme con la falta de información hacia la población local, la inversión total de este proyecto fue de 5 millones 11 mil 117 pesos con 17 centavos, para la instalación de 225 paneles, así lo informaron mediante una solicitud de transparencia realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, no funcionan. (Al menos hasta la última visita realizada por nuestro equipo para esta investigación).
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se dio cuenta de esto y realizó, no una, sino dos auditorías señalando la situación; una en 2019 y otra en 2020. La instalación ocurrió en dos etapas, la primera del 21 de octubre del 2019 al 4 de diciembre del 2019 y la segunda del 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2020.
En la primera auditoría, la del 2019, la ASEY se encontró con el gobierno municipal asegurando que el proyecto de la instalación de paneles solares en el Palacio Municipal había concluido y, en efecto, fue así, la instalación finalizó; pero identificaron que estos no funcionaban.
El sistema, según el informe de ese año, se encontraba apagado porque no estaba conectado ni al sistema eléctrico ni al inversor, lo cual significa que no estaba generando energía solar, aunque el dinero ya se había gastado. Esto es importante porque el municipio reportó la obra como terminada y funcionando, pero en realidad no servía para nada al momento de la revisión.
Para el 2020, la ASEY volvió a auditar el proyecto y en esa ocasión identificaron nuevamente que el proyecto seguía reportado como concluido por parte del municipio, pero su revisión física volvió a evidenciar que los paneles estaban instalados, más no operativos, porque seguían desconectados del sistema eléctrico e inversor, lo que implicaba que no generaban energía, sin importar los recursos públicos que se ‘invirtieron’ (más bien gastaron) para su instalación (y supuesta implementación en funcionamiento).
La misma conclusión del proyecto en dos años consecutivos, evidencia la falta de seguimiento y supervisión a la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos; y, al mismo tiempo, irregularidades ocurridas en la gestión de este proyecto por la entonces presidenta municipal, Reina Yam.
Esa no fue la primera vez que la expresidenta municipal estuvo implicada en situaciones de esta índole, el 14 de febrero de 2019, recibió una multa por 12 mil 90 pesos porque no entregó en tiempo la información requerida por la ASEY para revisar en qué se había gastado el dinero público en el año 2018. Esta omisión limitó la posibilidad de fiscalizar adecuadamente ese periodo, lo cual podría explicar por qué proyectos como el de los paneles solares quedaron sin supervisión efectiva desde su origen.
Volviendo al proyecto de los paneles solares, la ASEY señaló que estas inconsistencias reflejan deficiencias en la planeación y ejecución de obras, así como en la verificación de su operatividad antes de ser reportadas como concluidas. La falta de funcionamiento de los paneles solares no solo representa un desperdicio de recursos, sino que también impide que la comunidad se beneficie de las mejoras en infraestructura energética que estos proyectos prometen.
Los millones de pesos que recibió este proyecto se distribuyeron mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); sin embargo, no tuvieron los resultados que plantearon, pues dicho fondo se entrega a los municipios con la finalidad de atender problemáticas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias con escasos recursos económicos, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda.
En este caso en particular, el plan –según la respuesta a la misma solicitud de información– era que el parque solar alimentara dos plantas de sistema de bombeo de agua potable en el municipio; es decir, pretendían atender la falta de agua en la zona; sin embargo, nunca ocurrió.
Este tipo de proyectos provienen de recursos que deberían solventar las necesidades de la sociedad; pero en la realidad no siempre ocurre, por ello, es fundamental que las autoridades municipales implementen mecanismos de supervisión más rigurosos y transparentes para garantizar que los proyectos financiados con fondos públicos cumplan con sus objetivos y beneficien efectivamente a la población. La rendición de cuentas y la fiscalización efectiva son esenciales para prevenir la repetición de estas irregularidades y asegurar el uso eficiente de los recursos destinados al desarrollo municipal.
En comunidades como Sotuta, donde el acceso al agua y a servicios básicos sigue siendo una necesidad urgente, la negligencia o falta de seguimiento en el uso de recursos públicos no es solo un error administrativo, es una falla que impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Que un proyecto como este haya costado millones sin dar resultados es una señal clara de que la vigilancia ciudadana es fundamental para exigir cuentas y evitar que estas historias se repitan.
