Desde hace por lo menos ocho años los hermanos Emmanuel A. A. P. y Ángel A. P. ejercen violencia en contra de mujeres, hackeando sus plataformas digitales y usurpando su identidad para lucrar con ella, así como para obtener contenido íntimo de más personas. A pesar de que estos delitos han ocurrido por tanto tiempo y que existen por lo menos cinco carpetas de investigación por ello, las víctimas siguen sin acceso a la justicia, por lo que han decidido hacer una denuncia pública.
Las denunciantes, informaron que Emmanuel y Ángel les hackearon en plataformas digitales, con lo cual usurparon sus identidades y cometieron delitos informáticos como la distribución de contenido íntimo sexual sin consentimiento, incluyendo en ésta, a menores de edad.
Dicha distribución, explicaron, les ha servido para lucrar con la imagen de las víctimas, pero también para solicitar contenido íntimo a otrxs usuarixs, incluyendo nuevamente a menores de edad; además de esto, han grabado y fotografiado a mujeres sin su consentimiento, incluso en espacios públicos, por ejemplo, durante clases. Otra constante ha sido que acosan y amenazan a las víctimas, a sus familiares y amigxs.
“Conocemos personalmente hasta 10 víctimas, sin embargo, el número de afectadas es mucho mayor, algunas incluso no sostenían ningún tipo de vínculo cercano con ellos; siendo mujeres de distintas generaciones y de distintos centros educativos”.
Al día de hoy, existen cinco carpetas de investigación por estas violencias, mismas que han sido recibidas por la Fiscalía general del Estado de Yucatán y el Centro de Justicia para las Mujeres; aunque estas fueron presentadas desde hace años, las víctimas lamentan no contar con el apoyo de las instancias correspondientes, por lo que la violencia ha continuado e incluso ha aumentado el número de mujeres afectadas.
Tanto la madre como el padre de los acusados conocen la situación, dijeron las denunciantes; a pesar de esto, contrario a recibir su apoyo, han obstaculizado el proceso para que una resolución justa se haga realidad, permitiendo que la violencia se siga perpetuando, no solo hacia ellas, sino también hacia otras víctimas.
Sus exigencias:
- El seguimiento de las carpetas de investigación ya puestas con imparcialidad y transparencia.
- Que se apliquen los procesos judiciales correspondientes.
- La voluntad de los acusados para atender las denuncias, responder a sus necesidades y detener los delitos cometidos tanto en mujeres que han denunciado en la fiscalía, como a las que, por distintas razones, no lo han hecho.
“Buscamos justicia, que los actos delictivos por parte de estas personas cesen, que la resolución de estos casos pueda ayudar en el manejo de leyes referentes a violencia de género, sexual y digital y contribuir a un entorno más seguro para todas y todos”.
La violencia digital necesita acompañamiento emocional y reparación
Tras esta denuncia, desde la organización Igualdad Sustantiva Yucatán, Kelly Ramírez Alpuche expresó que la violencia digital no solamente es virtual, sino que es profundamente real, duele y paraliza.
La violencia digital no se queda en redes sociales o páginas de internet, la activista enfatizó que esta atenta contra la salud mental; es por esto, que señaló la necesidad de crear un protocolo para atender este tipo de violencia, un protocolo que –dijo– debe ser antirracista, decolonial y sensible al contexto de la brecha digital.
“Quienes ya viven en discriminación estructural enfrentan también formas especificas de violencia en línea”.
Desde su visión, es fundamental que el protocolo garantice el acompañamiento emocional, no como un lujo o un favor, sino en pleno reconocimiento a este derecho.
“El avance de la tecnología, no puede ir por delante de los derechos, necesitamos legislaciones que protejan la intimidad, la dignidad y la integridad emocional de quienes habitamos el internet porque sin leyes que nombren y sancionen estas violencias seguimos dejando desprotegidxs a quienes más lo necesitan”.
Además, puntualizó que todo esto debe hacerse desde una justicia restaurativa, pues resulta insuficiente señalar el daño; se necesita que se escuche, acompañe sin juzgar y se repare el daño.
